Tras la reciente solicitud de reconocimiento como territorio indígena (por cierto, la única presentada durante el gobierno de Bolsanaro) y el informe publicado por De Standaard, que puede leer aquí, nos complace anunciar que se ha llevado a cabo con éxito una operación con la policía federal para detener la expansión ilegal de las tierras de los sojeros locales.

Apoyamos y nos solidarizamos con las comunidades Munduruku y Apiaká, que siguen enfrentándose a numerosos retos. Tanto directamente como financiando al colectivo jurídico Maparajuba, que les está ayudando en sus reclamaciones y disputas por el derecho a la tierra.